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Desde el principio de la pandemia, hemos asistido a numerosos debates sobre las consecuencias y los aprendizajes generados por la COVID-19. Sin embargo, es ahora cuando se está manifestando con más claridad cómo las medidas tomadas para paliar sus consecuencias están afectando a la vida de las personas a medio plazo. En algunos ámbitos más que en otros es más fácil conocer y medir el impacto que están teniendo las políticas impulsadas por las administraciones. No es este el caso del sistema educativo. La falta de una base de datos centralizada para hacer seguimiento de la cantidad y el uso de las ayudas económicas que reciben los centros escolares y la ausencia de protocolos homogéneos para garantizar las medidas de seguridad a la hora de “volver al cole” son algunos de los elementos que están impidiendo una valoración real sobre cómo están funcionando las medidas implementadas para asegurar el derecho a la educación de calidad, inclusiva y para todas las personas junto al derecho a la salud de la comunidad educativa.
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